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Propone PRI fortalecer la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia

Veracruz al Día Mié, 23 de Ago 2017 12:18 PM congreso de veracruz
Presenta el diputado Armando López Contreras iniciativa de reforma que permitiría a la Sala Constitucional conocer en segunda instancia de asuntos indígenas.
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Con el propósito de fortalecer a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado haciendo efectivas las atribuciones que 
constitucionalmente posee, el Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a través del diputado Ángel Armando 
López Contreras, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juicio 
de Protección de Derechos Humanos y a la Ley de Derechos y Culturas 
Indígenas, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con esta propuesta se busca fortalecer la competencia de la Sala 
Constitucional en asuntos indígenas, bajo la premisa de la 
especialización de los órganos encargados de administrar justicia, y las 
condiciones específicas de los pueblos que integran nuestro territorio.

La iniciativa refiere que en razón de ser la Sala Constitucional la 
única autoridad en el Estado encargada de hacer que prevalezca la 
supremacía constitucional a través de los mecanismos de control que 
tiene dentro de sus atribuciones, es preciso dotarla de facultades que 
le permitan imponerse ante aquellas autoridades que vulneren derechos 
humanos, constriñéndolas de manera imperativa cuando habiendo aceptado 
la recomendación formulada por la Comisión Estatal, no reparen la 
violación provocada por el acto de autoridad correspondiente.

Para lo cual –añade- se establecerá como impetrante del juicio a la 
Comisión, dándole el carácter de parte agraviada, pudiendo coadyuvar al 
respecto aquel que haya interpuesto ante dicho órgano autónomo la queja 
relativa.

En tribuna, el legislador subrayó que es necesario reformar la fracción 
IX del artículo 30 de la misma ley reglamentaria del Juicio de 
Protección, que establece la improcedencia contra actos que sean materia 
de cualquier otro juicio o procedimiento que se encuentre pendiente de 
resolución, promovido por el mismo actor, contra la misma autoridad y 
por el mismo acto, aun en el caso de que las presuntas violaciones a la 
Constitución sean distintas.

Añadió que resulta necesario reformar la fracción VI del artículo 30 de 
la Ley reglamentaria, en tanto establece que el referido juicio resulta 
improcedente contra actos de naturaleza fiscal, administrativa o de los 
emitidos en procedimientos en materia laboral y seguridad social, así 
como en contra de actos de nombramiento o remoción de servidores 
públicos estatales o municipales.

En todas las etapas procesales, y al dictar resolución, deberán 
considerar la condición, prácticas, sistemas normativos y la costumbre 
del o de los miembros de los pueblos y comunidades de indígenas. La Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado será 
competente para resolver en segunda instancia los conflictos en materia 
penal relativos a asuntos indígenas.

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