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Peña entregará un México tan enfermo de corrupción que la cura puede tomar generaciones

Sin Embargo Lun, 30 de Oct 2017 12:13 PM nacional
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la preocupación de la ciudadanía por el fenómeno de la corrupción en México va en aumento.
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Por: Sin Embargo

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México apareció en el Barómetro Global de la Corrupción como el país más corrupto de Latinoamérica justo en el momento en que se recupera de los destrozos de un sismo de 7.1 grados Richter.

Pero el Presidente Enrique Peña Nieto no lo admite. Dijo en el foro “Impulsando a México”: “A cualquier cosa que ocurra hoy en día, es por la corrupción. Casi, casi, si hay un choque aquí en la esquina: ‘ah, fue la corrupción’…”. Hace cinco años hablaba de otro modo. Incluso, en 2012, como Mandatario electo, escribió el ensayo “El comienzo del cambio” en el que decía cómo se proponía combatir a ese cáncer. Hablaba en ese entonces Peña Nieto de una comisión especializada y la fortificación de la Transparencia.

Desde la academia y algunas ONG, especialistas coinciden que durante el actual sexenio la enfermedad se expandió tanto que su cura es el gran desafío para el próximo Presidente de México; pero advierten que aunque ya no hay tiempo para dilaciones, restablecerse de los embates de la corrupción tomará generaciones.

LOS CAMBIOS DE UN PRESIDENTE

Ciudad de México.- A las 21:00 horas, el Presidente apareció en cadena nacional. Llevaba dos meses y 27 días al frente del Gobierno mexicano. Le brindaría un breve mensaje a la Nación, pero el más importante de sus días en el Poder. Por la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) había detenido a Elba Esther Gordillo Morales, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra mexicana con la vida más ostentosa, la mujer que volaba en avión privado de San Diego, California a la Ciudad de México, mientras portaba la marca Luis Vuittton.

Enrique Peña Nieto soltó: “Desde el inicio de mi Gobierno me comprometí a cumplir y hacer cumplir la Ley. Esa es la primera obligación que tengo como Presidente de la República. La Ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Ese es el principio básico del Estado de Derecho”.

Ahí estaba el flamante Jefe del Ejecutivo, el niño dorado del llamado Grupo Atlacomulco, el telegénico hombre que a golpe de imagen logró que su partido, el Revolucionario Institucional, regresara al poder presidencial.

Cuando Peña Nieto ganó la elección del 1 de julio de 2012, escribió en el diario Reforma un ensayo sobre el combate a la corrupción que tituló “El comienzo del cambio”. Expuso ahí su ambición para acabar con la corrupción. Lo primero era convocar a la sociedad, los partidos políticos y las organizaciones sociales a un diálogo. Tenía tres iniciativas: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la fortificación de la Transparencia en los tres niveles de Gobierno y la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de Gobierno.

Aún no era el que iba a ser pocos meses después. Un hombre de rostro desencajado, agobiado por una delgadez que suscitó sospechas de una enfermedad (y cuyo expediente fue puesto bajo reserva) y con una reprobación histórica. No era el Presidente que a la postre permitiría 12 millones 406 mil expedientes informativos con un candado hasta 2018 –una vez que él deje Los Pinos– ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esa noche estaba ahí el reformista. 24 horas antes había enviado al Congreso de la Unión la Reforma Educativa, un paquete de leyes en cuyo consenso ya no participó Elba Esther Gordillo. Las palabras presidenciales eran un guiño de esperanza para que se iniciara una investigación en contra de otros como Carlos Romero Deschamps, el dirigente del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien no ocultaba su vida de derroche. O de Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales cuyos fideicomisos destinados a los trabajadores se encontraban vacíos. O para que ninguno de los miembros de su Gabinete fuera vinculado con actos de corrupción. O para que ningún Gobernador fuera descubierto en el desvío de recursos. O para que él mismo concluyera de una manera pulcra el mandato.

Nada de ello ocurrió.

Tres años después, el mismo Presidente pedía perdón. No por los actos cometidos por otros; sino por él mismo. Ese año, el equipo de Aristegui Noticias había encontrado que Juan Armando Hinojosa Cantú, un contratista del Gobierno, le había dado un crédito con facilidades para adquirir una casa de 8.6 millones de pesos.

“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, dijo Peña Nieto y acto seguido promulgó las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción que a la fecha no está listo.

Falta un año para que concluya su Gobierno. Peña Nieto asiste al foro Impulsando a México, organizado por el diario El Financiero. Sube la voz frente a la entrevistadora, Adela Micha. Dice: “A cualquier cosa que ocurra hoy en día, es por la corrupción. Casi, casi, si hay un choque aquí en la esquina: ‘ah, fue la corrupción, algo pasó en el semáforo, ¿quién compró el semáforo que no funcionaba?”.


EL TRIUNFO DEL CÁNCER

La corrupción ha triunfado en México. Lo dicen las encuestas de percepción y las historias grandes y pequeñas. Mientras el Barómetro Global de la Corrupción reveló en su último estudio “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” que México se convirtió en el país más corrupto de Latinoamérica porque la mayoría de los ciudadanos ha dado sobornos, sólo seguido por República Dominicana, los escándalos en la Administración Pública Federal brotan en cascada.

La detención de Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2011, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el último episodio de una extensa lista de gobernantes, funcionarios, dirigentes de partidos y de sindicatos acusados de usar el dinero de los ciudadanos, amafiarse, crear redes para obtener impunidad o tener varias propiedades inmobiliarias de lujo.

Pero las autoridades no lo reconocen. El mismo Presidente Enrique Peña Nieto y quien fuera Secretario de la Función Pública –la dependencia encargada de perseguir la corrupción–Virgilio Andrade, han sostenido en discursos públicos que la corrupción es “un tema cultural” de los mexicanos. Y la última encuesta ad hoc del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que más que cultura, para los mexicanos es un problema. El segundo más preocupante después de la inseguridad.

Lorenzo Meyer, el emblemático investigador de El Colegio de México (Colmex) describe al país casi en desahucio por este cáncer.

“La justicia no imparte justicia, la policía no protege al ciudadano, la Secretaría de Hacienda no recaba los impuestos donde debe recabarlos, el Seguro Social o el ISSSTE no proveen la calidad de los servicios de la salud que requieren los mexicanos. La Secretaría de Educación no da la educación que se requiere. Toda esa estructura tan llena de intereses, sólo Dios la podría arreglar”.

El autor de “Distopía Mexicana” da un pésimo augurio.

“Hay quienes pueden hacerla peor. Cavar más hondo en la fosa en donde estamos metidos … El país puede irse más abajo todavía y el futuro inmediato puede ser la mediocridad y la descomposición por varias generaciones”, expresó en una entrevista realizada por este medio digital en abril de este año.

No es sólo el Gobierno. En 2016, los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción en la realización de trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con autoridades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas.

Según el instituto, a nivel nacional 1.6 millones de pesos es el costo de la corrupción causada entre las autoridades y las unidades económicas que realizan trámites o solicitudes durante el año pasado.

Benjamín Cokelet, director ejecutivo de la Organización Poder, llama “techo de cristal” al tope de México. Lo es, según sus palabras, porque después de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo hay arriba una instancia conformada por los hombres de negocios. Son 48 los dueños del dinero y controlan el 37 por ciento del Producto Interno Bruto, según el observador.

“Ellos han estado siempre en las decisiones macroeconómicas y las reformas legislativas por venir. Cuando tienes a 48 fortunas billonarias con acceso al Poder Ejecutivo y con caso omiso a los intereses del resto de la población, se obtiene un sistema propicio para la corrupción”, dice.

En junio de 2016, con el impulso del Sistema Nacional Anticorrupción, algunas asociaciones civiles como el IMCO y Fundar impulsaron en el Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para obligar a los empresarios que hacen negocios con el Gobierno a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Pero el Presidente Enrique Peña Nieto lo vetó y así, los hombres de negocios pueden seguir tal cuales, sin que se sepa cuál es su fortuna.

Para Benjamín Cokelet, se escapó una gran oportunidad. Piensa que la declaración patrimonial de los empresarios debe ser la base del combate a la corrupción.

“Siempre que reciban licitaciones del Estado, subsidios y contratos deberían desglosar su patrimonio y posible conflicto de interés en un espacio público”, expresa.

Ernesto Gómez Magaña es forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#YoCo) de la organización Contraloría Ciudadana y elaboró la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Después de conocer las experiencias, Gómez Magaña exclama: “Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con el tema”.

Vista así, como un cáncer que ha enfermado a todos y cada uno de los órganos vitales del país, el combate a la corrupción se convirtió en un desafío para el próximo Gobierno. Marco Antonio Fernández, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) e investigador de México Evalúa vaticina: “Para que el país crezca correctamente, para atemperar los problemas de la pobreza, para que los resultados de las políticas públicas sean eficaces, para que puedan mejorar los servicios de salud, se tiene que extirpar el cáncer de la corrupción. No va a ser una tarea que se acabe en un sexenio pero no puede dilatarse más”.

LOS TIEMPOS SÓLO TRAJERON MALAS NOTICIAS

Un soleado 5 de abril de 2017, el Presidente de la República describió la magnificencia de una carretera que estaba por inaugurar. La obra, según él, reflejaba el sostenido avance de su administración al proveer infraestructura. Fue entonces que soltó: “Tenemos hoy una vía y una autopista moderna, con altas especificaciones desde la Ciudad de México y su zona metropolitana hasta Acapulco”. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, abonó: “Podemos decir que tenemos una autopista México-Acapulco que es un orgullo para usarla, un orgullo para el país, un orgullo para el turismo de nuestro querido México”.

Ambos, Presidente y Secretario, bautizaron al punto como “El Paso Exprés”. Pero luego llegaron las lluvias al Valle de México. Y la madrugada del 12 de julio el orgullo de la carretera fue vencido. Se abrió un socavón de casi diez metros de diámetro que devoró el auto en el que viajaban Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. Pero también se abrió como metáfora. Sus aguas eran las de la corrupción en las que habían navegado los funcionarios del presente Gabinete. A Gerardo Ruiz Esparza se le abrió una investigación en la PGR, pero se mantuvo en su cargo.

Mientras, el nombre de Emilio Lozoya quien dirigió Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016 apareció como uno de los hombres que habrían recibido sobornos para dar contratos a la empresa brasileña Odebrecht. La Auditoría Superior de la Federación descubrió que el funcionario utilizó un avión Cessna para conducirse por las playas de México y Nueva York. Y una investigación de esta casa editorial reveló que dicha aeronave desapareció de los activos de la otrora paraestatal. Hasta este momento, también es investigado por la PGR.

Los últimos tiempos sólo trajeron malas noticias. México parecía tener una colección de Gobernadores que le fallaron a la federación, la unión de entidades en la que están sostenidos los Estados Unidos Mexicanos, según la Constitución. Por lo menos los nombres de 17 Gobernadores que ejercieron durante la última década fueron renombrados por su implicación en peculado y desvío de dinero.

Apenas seis meses antes de la detención de Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, quien también fue Gobernador de Tamaulipas, fue atrapado. La Interpol lo buscó durante cinco años. Una tarde, lo interceptó cuando salía de un elegante restaurante en Florencia, Italia, muy lejos de la región tamaulipeca de la que fue titular del Ejecutivo de 1994 a 2004 y que hoy está sumida en violencia y pobreza.

Ya el ser de Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2011 a 2017, se había convertido en símbolo de la corrupción de la administración pública. Fue el político más buscado por el mismo Gobierno de Enrique Peña Nieto que lo acusó de liderar un desvío millonario de recursos. A él que presumía una amistad añeja con el Presidente. La persecución concluyó el sábado 15 de abril. Tras él estaban organizaciones civiles, ciudadanos, adversarios políticos y hasta excompañeros de partido.

En términos de corrupción de los Gobernadores, los colores de los partidos se difuminaron. Si bien los escándalos provinieron más del PRI, Guillermo Padrés Elías –del PAN– se presentó por su propio pie al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente. Ahí mismo fue detenido y le notificaron que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza. Padrés Elías permanecerá recluido por cargos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.

ASÍ VENDRÁN LAS ELECCIONES

Con un cúmulo de escándalos en sus espaldas y presionado por organizaciones civiles, el Gobierno de Enrique Peña Nieto inició en 2016, una nueva etapa en la historia de la lucha en contra de la corrupción con la promulgación de las leyes para fundamentar el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero se trata de un edificio legal tan alto que ni los activistas que lo impulsaron, ni los mismos protagonistas, ni el propio Presidente creen que vaya a estar listo por completo antes de que concluya el sexenio. Es un rascacielos cuya gestación ha tomado los cinco años que lleva el Gobierno y abarca desde la creación de una fiscalía y un tribunal federal.

Pero el plazo para que empezara a operar vencía el 18 de julio. Y así inició, con esqueleto, pero sin pies, ni extremidades, ni cabeza. Falta el nombramiento de la pieza estelar del sistema, el fiscal anticorrupción con facultades de destrabar redes, así como de 18 magistrados.

¿Por qué un sistema anticorrupción pudo nacer sin fiscal? El Senado convocó en dos ocasiones. La primera vez, en 2015, ningún perfil prosperó. En 2016 se abrió de nuevo y de 33 apuntados quedaron 23. Después, el Senado convocó a un grupo de académicos para integrar un comité de acompañamiento que propuso a cuatro candidatos, pero el Senado no los aprobó. Enseguida, el comité renunció y el Senado no quiso lanzar otra convocatoria.

El Secretario de Gobernación y las fracciones de los partidos políticos en el Congreso se enfrascaron en una discusión que dio como resultado que el fiscal no fuera nombrado. El PRI deseaba que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se convirtiera en fiscal. El PRD y el PAN se oponían. Al final, ni el mismo PRI quiso aprobar “el pase automático”. Entonces, empezó el letargo de la aprobación de las leyes.

El 16 de octubre, Raúl Cervantes, Procurador de la República renunció a su cargo. Su argumento fue: “Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en aprobación de las leyes”.

Con su renuncia, México se quedó sin Procurador y sin Fiscal.

No hay observador que no coincida en que las campañas electorales se iniciarán sin completar el Sistema Nacional Antiocorrupción y esta ausencia dará pie a un abanico de promesas.

“Sin duda alguna este es el tema que definirá la discusión para el próximo año, el de la elección presidencial. Tiene que ver con la cimentación y operación del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo hacer la conversión de las instituciones que combatirán la corrupción”, dice Marco Antonio Fernández, Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) e investigador de México Evalúa.

Ese es el paisaje mexicano a un año de que arranque la elección más grande de su Historia por el número de puestos a elegir.


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