Durante 180 días, la Fiscalía General de la República (FGR)
ha guardado silencio absoluto en torno al multihomicidio ocurrido en el centro
nocturno “Caballo Blanco”, durante la noche del 27 de agosto del 2019
en Coatzacoalcos.
A seis meses de la masacre, que le costó la vida a más de 30
personas, la FGR no emitió una sola línea o declaración con respecto a avances
en las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.
Durante este tiempo, las autoridades se escudan en la
secrecía del caso, pese al interés público que hay por la gravedad de lo
sucedido.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el entonces fiscal
general del estado, Jorge Winckler Ortiz, fueron las únicas autoridades que
proporcionaron información en entrevistas, pese a que el asunto es competencia
del órgano autónomo federal.
Las víctimas, al igual que la opinión pública, siguen
esperando resultados debido a que se desconoce el estatus del caso que enlutó a
Coatzacoalcos e incluso, familias de otros países, pues entre los muertos había
marinos de origen filipino.
Vía transparencia fue solicitada información a la FGR,
específicamente cifras de carpetas de investigación abiertas, detenciones y
órdenes de aprehensión ejecutadas, pero no hubo respuesta
La Fiscalía argumentó en la respuesta a la solicitud
0001700212620 que no podía dar ese tipo de detalles debido a que los números de
tales procedimientos correspondían a información clasificada como reservada. Lo
anterior, sin necesidad que sesionara el Comité de Transparencia para validar
la clasificación de la información como reservada a solicitud del área
correspondiente.
Hace dos semanas, familiares de las víctimas que perdieron
la vida encararon al gobernador Cuitláhuac García debido a que las autoridades
ni siquiera han cumplido con los compromisos de apoyo económico, atención
psicológica y asesoría legal.
Recordaron que varios menores de edad quedaron perdieron a
sus padres, que eran el sustento de las familias y ahora existen dificultades
por la custodia de los menores de edad.
El ejecutivo estatal dijo que pediría cuentas a la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), pero se desconocen
los resultados.
Por su parte, el lugar donde ocurrió el multihomicidio
permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y todavía
meses después de lo acontecido peritos realizaban su trabajo en el centro
nocturno de la avenida Román Marín.
Sin embargo, el caso camina hacia la impunidad, pues según
dichos de las propias autoridades de la FGR es un asunto complicado tanto para
el Estado como la Federación.