Ante el Juez de Distrito Federal con sede en Córdoba se
ampararán un total de 60 padres de familia, debido a que el Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) les pretende cobrar 90 mil pesos para el tratamiento
de cáncer.
Los padres de los 60 niños y niñas que padecen de cáncer,
acompañados por sus abogados, lamentaron que el gobierno federal y estatal les
pretenda cobrar por el tratamiento, pues sus costos son exorbitantes y están
fuera de su alcance.
“Este día acudiremos ante el Juzgado a interponer un
amparo y se les dé la atención gratuita tanto en medicinas, estudios y exámenes
a los niños que padecen de cáncer”, así lo dio a conocer la abogada Ana
María Yashima del despacho Rodal Oceguera.
Agregó que presentarán este amparo en contra de la omisión
que impera en el Hospital Regional de Río Blanco, al no otorgarles el servicio
y contra del cobro de recuperación.
Puntualizó que la atención médica integral no les puede ser
negada a estas personas, pues es un derecho: “El personal administrativo
del Hospital es el que hace el cobro de los 90 mil pesos, pero sabemos no es
culpa de los empleados, sino que todo es cuestión de la situación legal que
mantiene en la incertidumbre a los hospitales por la creación del Insabi”.
Por lo que culpó a los dos gobiernos, federal y estatal, ya
que el Insabi es un sistema de salud universal que se está implementado desde
la reforma y desaparición del Seguro Popular.
Ana María Yashima afirmó que el no contar con la atención,
un niño que tiene cáncer o leucemia y no se le suministran los medicamentos,
podría morir en cualquier momento.
“Por eso la solicitud al Juez de Distrito, es que se
garantice y ordene a las autoridades que no sólo se garantice la atención de un
médico o la hospitalización, sino también los suministros, estudios,
medicamentos, análisis, tomografías y todos los insumos necesarios y que no se
les cobre porque son niños de escasos recursos”.
Afirmó que estos cobros de recuperación se deben a qué tras
la implementación del Insabi, a los hospitales les cortaron los recursos del
fondo de gastos catastróficos, por lo que ahora tienen que cobrar para asegurar
el pago por la atención del tercer nivel.
En su intervención, los padres y madres de familia,
señalaron que la salud y vida de sus hijos, está en manos de la justicia.
“No podemos pagar el alto costo de los medicamentos de
nuestros hijos y nos ponemos en lugar de esos papás que están por todo el país
que están pasando por el mismo problema y que el gobierno les atienda a sus
hijos como es obligación, ellos están obligados a garantizar y respetar junto
con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia
de Derechos Humanos”.