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PGR podría llamar a MAYL, pero videos serían pruebas inadmisibles penalmente: Ordóñez

AL Calor Politico Vie, 21 de Jul 2017 1:10 PM xalapa
No cree que algún cónsul de México en Canadá lo haya acompañado para certificar declaraciones.
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El abogado Fidel Ordóñez Solana, definió que la Procuraduría General de la República (PGR) podría llamar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para recabar los videos que dice tener sobre las confesiones de los presuntos socios de Javier Duarte, pero sería una prueba inadmisible desde el punto de vista penal. 

Opinó que en este momento la PGR tiene mayores preocupaciones porque parece que no pueden expresar un delito como para poder completarlo con pruebas notoriamente “ilegales” o contrarias a la acción penal y que sí podría actualizar más las violaciones al procedimiento o la falta de apreciación jurídica de los hechos. 

En entrevista, explicó que en primer lugar se debe entender que la procuración de justicia le correspondía al gobernador, pero tras una reforma ahora la procuración de justicia se define en un ente denominado fiscalía que está fuera del margen del Poder Ejecutivo, es decir, ahora hay un fiscal que tiene que responder al Congreso del Estado y su ubicación dentro de los procedimientos está dentro del Poder Legislativo. 

Esto quiere decir que independientemente de todo, una declaración hecha de un hecho que no le consta, nadie puede ser testigo porque se convierte jurídicamente en testigo de oídas, no en testigo presencial de los hechos. Un testigo de oídas tiene un determinado valor su testimonio, que es casi nulo, contra un testigo presencial de los hechos. 

Si el testigo presencial de los hechos, que para el caso de Javier Duarte, puedan ser Moisés Mansur, Juan José Janeiro, Antonio Bandín y Franky González, tampoco es válida la declaración de ellos en razón de que no era autoridad cuando los grabó. 

“Él no hubiera podido y él (el Gobernador) lo confiesa, que con uno platicó en Canadá, con el otro en Ciudad de México y el otro en Veracruz. No creo que algún cónsul de México en Canadá lo haya acompañado para certificar la declaración, entonces obviamente él está haciendo su tema en el sentido de decir que tiene información precisa cuando él no es testigo presencial de los hechos”, expuso. 

En ese orden de ideas, Ordóñez Solana opinó que la naturaleza jurídica de la devolución de los 700 millones de pesos que dice el Gobernador le dieron los presuntos socios de Duarte tendría que estar anotada, contablemente, dentro del presupuesto del Gobierno del Estado y hasta donde se sabe en el presupuesto, no se ha demostrado dicha devolución. 

“En el caso de que sea peculio, en el caso de que ha dicho que le han devuelto terrenos y fincas rurales y urbanos, tampoco sé que se haya hecho conforme al procedimiento de adquisición que tiene que hacerse en el ámbito jurídico, porque en ese momento se convertirían en un patrimonio del Estado, no sabemos cómo es que regresaron, cómo se regresó el dinero y cómo fue que se incorporaron esos bienes a favor del patrimonio del Estado”, destacó.

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