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Diputados iniciaron juicio político ignorando resolución federal, confirma juez

Oliva Noticias Jue, 24 de Ene 2019 2:28 PM estatal
La resolución de un juzgado federal derrumbaría el segundo juicio político que lleva a cabo el Congreso del Estado de Veracruz contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz; no acatarlo incluso podría llevar a los legisladores a la cárcel.
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La resolución de un juzgado federal derrumbaría el segundo juicio político que lleva a cabo el Congreso del Estado de Veracruz contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz; no acatarlo incluso podría llevar a los legisladores a la cárcel.

 

De acuerdo con la resolución de Jesús Arturo Cuéllar Díaz, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito no hay elementos para probar que el fiscal incurrió en el delito de desaparición forzada de personas, por lo que no existiría materia para dicho juicio que se realiza este día.

 

Cabe destacar que si bien Francisco Zárate Aviña, exjefe de escoltas de Luis Ángel N, reclamó a través del abogado Arturo Nicolás Baltazar ser víctima de desaparición forzada por parte de la Fiscalía General del Estado, este terminó aceptando que estaba sano y salvo.

 

Sin embargo, sin haber hecho del conocimiento del Congreso de la resolución en comento, Nicolás Baltazar promovió el juicio político contra Winckler, acusándolo de ser culpable del delito de lesa humanidad, como una causal para su remoción, petición a la que la Legislatura llevó hasta la etapa que hoy se desahoga, sin haber solicitado la precisión de existencia del acto reclamado.

 

Sobreseimiento

 

Cuéllar Díaz, en audiencia celebrada el 3 de julio del año pasado, determinó sobreseer el juicio, pues lejos de probar la responsabilidad del fiscal, la presunta víctima lo exoneró.

 

Esto es porque, si bien reclamaba la privación ilegal de su libertad personal, incomunicación, tortura, así como demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se acreditó la comisión de ningún delito.

 

Sin embargo, el juzgado reconoció que "no son ciertos los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable señalada, sin que la parte quejosa aportara prueba suficiente para desvirtuar dicha negativa".

 

"Lo anterior se robustece con las diligencias de notificación personal de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que en la primera, realizada a las cero horas con cincuenta y nueve minutos, la actuaria judicial adscrita, asentó las manifestaciones del quejoso en el sentido que no había sido objeto de tortura ni maltrato, asimismo, hizo constar que se encontraba en buen estado físico, sin golpes.

 

"Asimismo, en la segunda, llevada a cabo a las once horas con cinco minutos del mismo día, se advierte que el quejoso no se encontraba privado de su libertad, pues dicha diligencia se atendió con el directo quejoso en su domicilio", señala la resolución.

 

El juez confirmó además, que a diferencia de lo que señala Arturo Nicolás Baltazar, sí se dio vista al ministerio público de la Federación para investigar los hechos en el ámbito de su competencia.

 

Por ello determinó que "en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio". 


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