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Avalan que Comisión Nacional de Búsqueda inspeccione muebles e inmuebles de las instituciones públicas

Veracruz al dia Vie, 05 de Abr 2019 11:34 AM congreso federal
Podrá consultar de manera periódica y exhaustiva la base de datos o registros de embajadas, instituciones policiales y centros de culto religioso
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Será sólo con el consentimiento expreso del jefe de la misión diplomática: Ortega Martínez

 

La Comisión de Justicia, que preside la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), aprobó modificaciones al artículo 53 y 94 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con el objetivo de fortalecer la detección de posibles restos humanos.

 

La reforma permitirá a la Comisión Nacional de Búsqueda realizar, sin restricciones, inspecciones físicas, excavaciones y apertura de muebles e inmuebles de instituciones públicas para ubicar a personas no localizadas.

 

De igual forma, consultar de manera periódica y exhaustiva la base de datos o registros de cualquier instalación o cuartel militar o policial del país y en embajadas, consulados, o cualquier instalación diplomática, y centros de culto religioso.

 

También en lugares donde se pueda acceder de manera física o a través de la información contenida en plataformas, registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Precisa que autoridades o instituciones, públicas o privadas, que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deberán tomar las medidas necesarias para que dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

 

La Comisión Nacional de Búsqueda o Comisión Local de Búsqueda correspondiente proporcionará asistencia a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior con el objetivo de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebrarán los convenios correspondientes.

 

Ortega Martínez explicó que las inspecciones a embajadas no se podrán realizar sin la autorización del responsable de la misma, puntualizó que el objetivo es fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional de Búsqueda; es una ley de reciente creación.

 

Subrayó que las familias de víctimas lamentaban que mientras las autoridades investigadoras se abocaban sólo a hallar al culpable, no había un interés genuino para encontrar a los desaparecidos.

 

El diputado de Morena, Rubén Cayetano García señaló que la inspección física puede resultar insuficiente, por lo que propuso incluir el término de excavaciones y apertura de muebles e inmuebles.

 

“La razón es ir a fondo en un asunto que le duele a mexicanas y mexicanos, es el clamor de los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos. Se trata de poder abrir todo aquello donde se sospeche que pueda haber restos humanos”, indicó.

 

Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado del PRI, cuestionó el acceso a embajadas e instalaciones diplomáticas, que se consideran territorios extranjeros. “Entiendo el sentido y la importancia, pero no conozco casos en donde la misma embajada señale que ahí está la persona asilada”.

 

Pidió conocer si existe una opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o de la Comisión en el rubro.

 

Del PAN, la diputada María Del Rosario Guzmán Avilés solicitó conocer cuál fue la motivación de incluir centros de culto, así como si esta chocará con la ley de seguridad nacional pues las embajadas se consideran instalaciones estratégicas.

 

La diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, comentó que el tema de fondo es la exigencia nacional para atajar este problema, en donde México ha demostrado la ineficacia del Estado, pero las inspecciones sin restricción “en la calle generará conflictos por la colisión de esferas de competencia”.

 

“Debemos ser precisos para que bajo este pretexto no se pueda irrumpir y generar un caos”, puntualizó.

 

El diputado Édgar Guzmán Valdez (Morena) cuestionó que esta reforma podría atentar contra el precepto de la inviolabilidad del domicilio.

 

La diputada priista, Ximena Puente De La Mora, consideró que la facultad para la revisión de registros está quedando abierta, que podría ser delicado porque se lograría acceder a cualquier tipo de bases de datos de dependencias o entidades no obstante el derecho constitucional al resguardo de la información.

 

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) explicó que la reforma ya cuenta con las particularidades requeridas cuando se habla de recintos diplomáticos y consulados.

 

De igual forma la comisión aprobó nueve dictámenes más, ocho de iniciativas y una de minuta, que tienen como objetivo reforzar la lucha en materia del combate a la desaparición forzada, delitos en materia de hidrocarburos, procedimientos penales, y protección de niñas, niños y adolescentes, entre otros.

 

El primero, de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, dictamina la minuta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual pretende prohibir cualquier tipo de violencia en contra de menores de edad como castigos corporales o humillantes.

 

Se aprobó también la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo fin es sancionar a quienes hagan mal uso de material destinado a ayuda humanitaria.

 

Precisa que cometerá delito de ejercicio ilícito del servicio público aquel que realice propaganda de una administración pública o de sí mismo u otro servidor público con motivo de la entrega de dichos bienes.

 

Impone pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a 300 veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien sin derecho ni atribución alguna se apodere de cualquier bien destinado a ayuda humanitaria, además penaliza al servidor público que condicione la entrega y precisa por los que se podrán incrementar las sanciones en la materia.

 

Se avaló de igual forma el dictamen que modifica el artículo 418 del Código Penal Federal para aumentar las penas para quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, tale o derribe algunos árboles, cambie el uso de suelo forestal.

 

Incluye un agravante para quien lo realice cuando se trate de un área natural protegida, lo anterior, debido al aumento que se ha detectado de este delito y la forma violenta en que se comete.

 

Se votó a favor el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para estipular que si el responsable de un delito incluido en el texto es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, tendrá penas adicionales como decomiso de activos, revocación del permiso, suspensión del derecho a solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad hasta por 15 años, y, en su caso, la disolución de la sociedad.

 

También se aprobó el dictamen que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de fortalecer el acceso de las mujeres indígenas a la justicia.

 

Se determinará los casos en que la resolución no considere la perspectiva de género o afecte la dignidad de las personas o el interés superior de la niñez o el derecho a una vida libre de violencia.

 

Además, se aprobó el dictamen que reforma los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de prohibir los acuerdos reparatorios cuando se trate del delito de robo a casa habitación.

 

Finalmente se aprobó un dictamen que modifica la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para estipular que se les podrá imponer abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.


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