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Acceso a vivienda adecuada, un derecho humano, no un negocio

Veracruz al dia Jue, 25 de Abr 2019 1:51 PM congreso federal
El diputado sin partido, Carlos Torres Piña, inauguró el Foro Nacional de Vivienda 2019, cuyo objetivo es conocer las preocupaciones de diversas instituciones involucradas para conciliar las diferentes opciones y puntos de vista, que permita construir una legislación en la materia.
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En su calidad de presidente de la Comisión de Vivienda, refirió que éste es un tema de trascendencia nacional por su peso económico, su naturaleza como estrategia contracíclica, y ser un derecho humano.

 

 

“Contiene elementos que evidencian una contraposición de derechos: el de la propiedad contra los humanos” y plantea diversas interrogantes sobre si es un derecho o un producto, si debe proveerlo el Estado o el mercado, si se produce para ciudadanos de bajos, medios o altos ingresos, y si las ciudades son para quienes hacen negocios de ellas o para quien busca habitar cerca de su centro de trabajo.

 

 

De ahí la importancia de buscar soluciones que impliquen beneficios para todos. “México no está para confrontaciones, tiene una oportunidad para construir, y quienes participamos en esta nación, debemos poner nuestro granito de arena para que el país y sus habitantes tengan un mejor nivel de vida”.

 

 

 

Añadió que para 2019 no hay un panorama que permita dar opinión respecto a la dinámica del sector, o la perspectiva de la nueva administración respecto al tema; no está concluido el PND aunque hay planteamientos que avizoran inquietudes que deben tomarse en cuenta.

 

 

La comisión a su cargo, informó, analizará diversas adecuaciones a la Ley General de Vivienda, para armonizarla con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pueda actuar como cabeza de sector. Espera que estén listas en este periodo de sesiones.

 

 

En su intervención, Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), señaló que la vivienda es un derecho social establecido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, pero existen limitaciones a su acceso.

 

 

Indicó que de los dos millones 700 mil cotizantes al ISSSTE, 80 por ciento tiene entre 30 y 59 años de edad; 55 por ciento de los cuales son mujeres, y 45 por ciento hombres; 61.8 por ciento de esos trabajadores gana hasta cuatro salarios mínimos, lo que equivale a nueve mil 733 pesos; 58 por ciento de acreditados a Fovissste se encuentra en un rango salarial de entre cuatro y nueve salarios mínimos.


 

El Programa de Crédito 2019 prevé otorgar 52 mil 100 créditos por un monto de 35 mil 150 millones de pesos de inversión; se concederán 850 créditos subsidiarios para trabajadores con sueldo básico de una a cinco UMA, y siete mil 850 créditos especiales para rezagos, contingencias y políticas públicas específicas.

 

 

En los primeros 100 días de este gobierno se liberaron 36 mil 759 créditos, que implica una derrama económica de 36 mil 500 millones de pesos, de los cuales y ocho mil 775 créditos están formalizados, asociados a una inversión de seis mil 201 millones de pesos. El monto promedio de los créditos es de 722 mil pesos. En convocatoria extraordinaria se liberaron 21 mil créditos en enero. Entre otros logros, señala que en intereses financieros se obtuvieron 352 millones de pesos, con los que se podrán colocar 500 créditos tradicionales.

 

 

El presidente del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, Pedro Sosa Álvarez, se pronunció por impulsar la producción de vivienda cooperativa, para lo cual es necesaria la intervención del Congreso.


 

Ha habido un desgaste del esquema institucional, por lo que se necesita uno nuevo que haga que los recursos y esfuerzos institucionales para vivienda vayan a los que más necesitan. La vivienda debe tener financiamiento, dijo, y deben participar todos los sectores de la población y de gobierno; con visión de vivienda social.

 

 

Manifestó que los retos del instituto y la vivienda en la Ciudad de México, tienen que ver con que 70 por ciento de la población gana menos de cinco salarios mínimos, el sistema financiero no da acceso al crédito a familias de pocos recursos y, además, el suelo es caro y escaso, por lo que debe haber fórmulas para enfrentar esto y tener la producción de vivienda que se requiere.

 

 

“Es una problemática que nos debe hacer repensar y replantear los esquemas para una adecuada relación con organizaciones sociales y tener una visión adecuada”.

 

 

Sostuvo que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna, por lo que se pronunció por fortalecer la seguridad sobre la tenencia de la tierra; la disponibilidad de servicios; aumentar la calidad de vida y la asequibilidad, pues no tienen créditos, no los alcanza, pero es un derecho tener acceso a la vivienda.

 

 

El secretario del Consejo Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla Narváez, señaló que para 2015, el 33 por ciento de las viviendas en el país tenían una irregularidad jurídica; en 2017 en la Ciudad de México poco menos del 50 por ciento de las viviendas estaba en esa situación.

 

 

Luego de explicar la importancia de contar con la escritura de un bien inmueble para tener seguridad jurídica y poder disponer de él, dijo que es necesario realizar modificaciones legales para contribuir al cumplimiento del artículo 4º constitucional, como aprobar la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.

 

 

Además, eliminar el límite de exención del Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de casa habitación; incluir en el Plan Nacional de Desarrollo una “Estrategia Nacional de Vivienda” que involucre los tres órdenes de gobierno y sectores participantes.

 

 

María Del Rosario Fernández Prieto, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), propuso para que la planeación urbana y la vivienda sean el motor del desarrollo económico, social y ambiental, es necesario fortalecer y regenerar el tejido social.

 

 

No ha habido una política de planeación efectiva para el crecimiento ordenado de las ciudades, integrando infraestructura, equipamiento, servicios y transporte, cuyo resultado es una transformación caótica, dispersa, desorientada y costosa, generando asentamientos irregulares con graves consecuencias sociales y económicas.

 

 

Explicó que hay un rezago habitacional de nueve millones de viviendas, de las cuales 85 por ciento; es decir, 7.6 millones, corresponden a la población no afiliada; se vuelve clave encontrar una solución para este segmento y propuso crear productos hipotecarios que permitan acceder a un crédito con las mismas condiciones financieras que los derechohabientes; y analizar la creación de créditos a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o fortalecer intermediarios financieros no bancarios mediante la Sociedad Hipotecaria Federal.

 

 

México tiene instituciones sólidas de vivienda que pueden convertirse en un factor determinante para detonar la situación económica del país.

 

 

En su oportunidad, Jaime Rello Gómez, del Movimiento Urbano Popular, propuso que ante la problemática para acceder a financiamiento de vivienda, el Congreso debe cambiar las condiciones para dar posibilidades y establecer en la ley de la materia un capítulo especial sobre cooperativas de vivienda, de ayuda mutua.

 

 

Los retos en este renglón son muy complejos; incluyen, entre otras cosas, la regularización de asentamientos precarios y el cambio de la política de suelos. “Es responsabilidad de todos asegurar a la gran mayoría y la gente más pobre que tenga posibilidad de vivienda”.

 

 

Roberto Eibenschutz Hartman, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que la vivienda es un problema de política institucional, de apoyos e instrumentos para que realmente contemos con mecánicas legislativas para enfrentarlo, y con recursos canalizados en programas que sirvan a la población.

 

 

En México la vivienda es un negocio y se ha privilegiado una visión mercantil dejando de lado la social. “Hay que invertir las prioridades; distribuir proporcionalmente los recursos para vivienda y si 70 por ciento de la población de bajos recursos es la que más necesita vivienda, canalizar 70 por ciento de los recursos a esa población”.

 

 

Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de Atención y Servicios, del Infonavit, comentó que el plan financiero 2018-2022 del Instituto para alinearse a la política nacional de vivienda contempla mejorar y ampliar la vivienda existente y fomentar la adquisición de casa habitación nueva, así como un nuevo modelo de atención para los distintos sectores y la población no cubierta por la seguridad social. Pidió fortalecer el mercado secundario sin descartar los mecanismos de financiamiento de la banca privada e instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y ejecutoras sociales de vivienda.

 

 

Jasmín Anavel Monterrubio Redonda, de la Subdirección General de Análisis de Vivienda Prospectiva y Sustentabilidad, de la Comisión Nacional de Vivienda, planteó modificar la Ley General de Vivienda para establecer las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la propia Conavi. Propuso armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, la legislación fiscal y hacendaria sobre el otorgamiento de subsidios y las diferentes formas y modalidades de aplicación de recursos federales.

 

 

Margarita Chávez Murguía, representante de la dirección general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Sedatu señaló que ese requiere garantizar el acceso a una vivienda adecuada como un derecho social y humano, para lo cual es necesario vincular e integrar el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio.

 

 

Se debe contar con la participación, coordinación y articulación de tres órdenes de gobierno, asumiendo cada uno sus atribuciones; priorizar atención y recursos para la población de menores recursos, indígena, marginada y en ambiente de violencia; así como desarrollar mecanismos y herramientas financieras, normativas y tecnológicas que respondan a las necesidades, involucrando a los diferentes sectores.


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