Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia aprueba reformas en pro de este sector
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Avaló la iniciativa que modifica el artículo 4 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de incluir la
definición de violencia infantil como toda forma de prejuicio o abuso físico,
mental o sexual; descuido, malos tratos y explotación.
En la reunión, también se aprobó un punto de acuerdo para
exhortar a Congresos locales y gobernadores, para que en el ámbito de sus
atribuciones y facultades se legisle en materia de acoso escolar.
La comisión consideró necesario que autoridades de las 32
entidades federativas apliquen protocolos de atención y prevención contra
cualquier acto de violencia y abuso que se cometa en los centros escolares, en
contra de niñas, niños y adolescentes.
El segundo punto de acuerdo pide al gobierno federal y a las
unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, implantar
acciones tendentes a prevenir y actuar con oportunidad ante cualquier
actividad, juego o reto en los diversos sitios de internet y redes sociales,
que violenten o atenten en contra de la integridad física y mental de la niñez
y juventud.
La instancia consideró necesario que la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, en el ámbito de sus competencias, fortalezca
acciones para prevenir y actuar de manera oportuna respecto a esos actos.
El tercer exhorto solicita a las secretarías de Salud y de
Educación Pública Federal, ejecutar campañas mediáticas para prohibir el uso
excesivo de estos dispositivos electrónicos a menores de edad.
Se estimó indispensable llevar a cabo campañas de concientización
para prevenir efectos adversos en la salud por el uso de estos dispositivos.
Un cuarto punto de acuerdo exhorta a los congresos locales
de las entidades federativas, que aún no cuentan con una ley estatal en materia
de cuidado infantil, realicen un proceso de armonización de su marco legal con
las disposiciones de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.
Consideran necesario que estas entidades den cumplimiento a
lo establecido en el artículo quinto transitorio de la ley antes mencionada.
El quinto punto de acuerdo exhorta al gobernador del estado
de México para que a través del secretario de Seguridad de la entidad y dentro
del marco de sus atribuciones, desarrolle programas y acciones necesarias para
garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de todos los planteles
educativos.
La comisión estimó necesario que los gobernadores de las
entidades federativas desarrollen estrategias que avalen seguridad en los
diversos planteles educativos.
También se avaló exhortar al Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Secretaria Ejecutiva
para que reactive la comisión para el seguimiento de las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas;
emita el informe de actividades 2018 de la comisión para el seguimiento;
otorgar atención especial a las recomendaciones que a la fecha no tiene
reporte.
Plantearon que es necesario reactivar los trabajos de la
Comisión para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, así como dar a conocer el
informe de término de la cuarta sesión de trabajo.
También aprobaron un punto de acuerdo para establecer a
nivel constitucional el derecho de niñas, niños y adolescentes indígenas. La
comisión consideró que es procedente en virtud de la necesidad de reconocer y
garantizar el derecho de estos infantes para su desarrollo libre y de su
personalidad.
Otro punto de acuerdo es para que diversas dependencias
implementen programas federales de formación educativa para migrantes, y en
segundo término el uso de protocolos de seguridad para garantizar el bienestar
de los niños migrantes ante el rechazo que medidas pro-migratorias ha tenido en
sectores reducidos de la población.
La comisión considera oportuno exhortar a los titulares de
las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, para que en coordinación
con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y en el
uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para comenzar a
implementar programas federales de formación educativa a niños migrantes y
mantener una colaboración de manera permanente con los titulares de las 32
entidades educativas estatales.
También que en los municipios donde se presente mayor
fluctuación y sentamiento de migrantes refugiados o indocumentados, se deberá
garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como aplicar los
protocolos de seguridad.
El último punto de acuerdo pide a la Secretaría de Educación
Pública y a la Comisión Nacional de Seguridad, garantizar, respetar, promover y
proteger el derecho a la educación de adolescentes privados de su libertad en
centros de internamiento.
Consideran necesario garantizar, respetar y promover el derecho a la educación de todos los adolescentes sujetos a un proceso penal.
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