Avaló la iniciativa que modifica el artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de incluir la definición de violencia infantil como toda forma de prejuicio o abuso físico, mental o sexual; descuido, malos tratos y explotación.

 

En la reunión, también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a Congresos locales y gobernadores, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se legisle en materia de acoso escolar.

 

La comisión consideró necesario que autoridades de las 32 entidades federativas apliquen protocolos de atención y prevención contra cualquier acto de violencia y abuso que se cometa en los centros escolares, en contra de niñas, niños y adolescentes.

 

El segundo punto de acuerdo pide al gobierno federal y a las unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, implantar acciones tendentes a prevenir y actuar con oportunidad ante cualquier actividad, juego o reto en los diversos sitios de internet y redes sociales, que violenten o atenten en contra de la integridad física y mental de la niñez y juventud.

 

La instancia consideró necesario que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el ámbito de sus competencias, fortalezca acciones para prevenir y actuar de manera oportuna respecto a esos actos.

 

El tercer exhorto solicita a las secretarías de Salud y de Educación Pública Federal, ejecutar campañas mediáticas para prohibir el uso excesivo de estos dispositivos electrónicos a menores de edad.

 

Se estimó indispensable llevar a cabo campañas de concientización para prevenir efectos adversos en la salud por el uso de estos dispositivos.

 

Un cuarto punto de acuerdo exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, que aún no cuentan con una ley estatal en materia de cuidado infantil, realicen un proceso de armonización de su marco legal con las disposiciones de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil.

 

Consideran necesario que estas entidades den cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la ley antes mencionada.

 

El quinto punto de acuerdo exhorta al gobernador del estado de México para que a través del secretario de Seguridad de la entidad y dentro del marco de sus atribuciones, desarrolle programas y acciones necesarias para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de todos los planteles educativos.

 

La comisión estimó necesario que los gobernadores de las entidades federativas desarrollen estrategias que avalen seguridad en los diversos planteles educativos.

 

También se avaló exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Secretaria Ejecutiva para que reactive la comisión para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas; emita el informe de actividades 2018 de la comisión para el seguimiento; otorgar atención especial a las recomendaciones que a la fecha no tiene reporte.

 

Plantearon que es necesario reactivar los trabajos de la Comisión para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, así como dar a conocer el informe de término de la cuarta sesión de trabajo.

 

También aprobaron un punto de acuerdo para establecer a nivel constitucional el derecho de niñas, niños y adolescentes indígenas. La comisión consideró que es procedente en virtud de la necesidad de reconocer y garantizar el derecho de estos infantes para su desarrollo libre y de su personalidad.

 

Otro punto de acuerdo es para que diversas dependencias implementen programas federales de formación educativa para migrantes, y en segundo término el uso de protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de los niños migrantes ante el rechazo que medidas pro-migratorias ha tenido en sectores reducidos de la población.

 

La comisión considera oportuno exhortar a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, para que en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para comenzar a implementar programas federales de formación educativa a niños migrantes y mantener una colaboración de manera permanente con los titulares de las 32 entidades educativas estatales.

 

También que en los municipios donde se presente mayor fluctuación y sentamiento de migrantes refugiados o indocumentados, se deberá garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como aplicar los protocolos de seguridad.

 

El último punto de acuerdo pide a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Seguridad, garantizar, respetar, promover y proteger el derecho a la educación de adolescentes privados de su libertad en centros de internamiento.

 

Consideran necesario garantizar, respetar y promover el derecho a la educación de todos los adolescentes sujetos a un proceso penal.

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