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Abre CEDH queja por presunta desaparición forzada de comerciantes

Oliva Noticias Jue, 31 de Oct 2019 1:35 PM estatal
Los ausentes habrían sido desaparecidos por policías municipales, según medios locales de la zona y colectivos de búsqueda de desaparecidos.
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Ante la presunta desaparición forzada de siete comerciantes en Ixtaczoquitlán a manos de supuestos policías, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la carpeta DAV/1118/2019, confirmó la presidenta del organismo Namiko Matzumoto Benítez.

 

Los ausentes habrían sido desaparecidos por policías municipales, según medios locales de la zona y colectivos de búsqueda de desaparecidos.

 

Los comerciantes son Joel Reyes Flores, de 43 años de edad; Daniel García Reyes, de 26 años; Ricardo Montesinos Núñez, de 20 años; Humberto Gil García, de 32 años; Jorge Obet Reyes Flores, 41 años; de Luisa Carrera Valdez, 30 años de edad y su marido, Jorge Alducín, de 45 años.

 

Matzumoto Benítez, añadió que personal de la CEDH está dando acompañamiento a los familiares de las víctimas y documentarán los hechos.

 

Cabe destacar que los siete desaparecidos habrían sido detenidos por elementos de la policía municipal luego de que los comerciantes fueron a vender ropa al municipio de Fortín y durante la madrugada del pasado 26 de octubre fueron detenidos en La Quebradora.

 

“Últimamente se están dando muchos casos de ejercicio abusivo por parte de las fuerzas de seguridad y en todos aquellos casos en que quede debidamente acreditado habrá una recomendación”, aseveró Matzumoto Benítez,

 

Según medios locales se trata de la desaparición de Matzumoto Benítez urgió a que las autoridades sancionen a los servidores públicos que violen la Ley y opinó que en caso contrario se envía un mensaje de impunidad para que sigan cometiendo actos ilegales.

 

Recordó que ha habido quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías municipales, y que la CEDH ha emitido recomendaciones que son por el uso excesivo de la fuerza hasta casos de tortura.

 

“El hecho de que este órgano cumpla con su función y emita una recomendación es solo una parte, la segunda parte es que estos malos servidores públicos sean sancionados en procesos administrativos internos y por supuesto que sean denunciados y se comiencen procesos penales correspondientes”, consideró.



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